Algo huele a podrido entre algunos estadísticos a sueldo. Las cifras de varias fuentes "oficiales" sobre la participación ciudadana en la manifestación celebrada en Madrid con el lema "Por un futuro en libertad. Juntos, derrotemos a ETA" no pueden ser más dispares.
La Comunidad de Madrid estima la participación en 550000 personas, mientras que la delegación del gobierno habla de 76875. No quiero valorar qué organismo tiene razón. Es ya de por sí inadmisible que en pleno siglo XXI alguien se pueda equivocar tanto en una simple suma, y las dos posibles explicaciones me dan escalofríos.
Sería preocupante que nuestros responsables políticos no supiesen de matemáticas o que no dispusiesen de servicios de información fiables. Si no son capaces ni de contar manifestantes, ¿qué confianza nos pueden ofrecer a la hora de hacer las mucho más delicadas previsiones económicas? Y eso sin contabilizar el despilfarro que conllevaría pagar por un servicio de estadística tan malo.
El escenario alternativo me resulta aún menos halagüeño. En caso de haber alguna intención en el suministro de datos manipulados, estaríamos hablando de una voluntad manifiesta de falsear la información, de formular mentiras que acabarán por eliminar la confianza del ciudadano en el sistema. Porque el que miente en algo tan nimio, ¿qué no hará cuando se trate de cuestiones mucho más relevantes?
Nos hallamos ante otro claro ejemplo de la ausencia de mecanismos de control. ¿Acaso nadie supervisa la exactitud de las cifras aportadas por los gobiernos nacional y regionales? ¿Quién y cómo debería actuar ante semejante tomadura de pelo? Cuando un ciudadano se equivoca al rellenar la casilla de la declaración de la renta, acaba pagando en caso de ser detectado, haya o no haya habido voluntad de engaño. Aquí hemos pillado a uno como poco, pero parece que las normas morales y leyes que todos debemos acatar no valen para los servicios oficiales.
Es fácil, muy fácil resolver un problema así. Tanto que hay algo que apesta aún más: que nadie haya puesto los medios para hacerlo.
Un saludo a todos y muy buenas noches,
el pobrecito hablador
La Comunidad de Madrid estima la participación en 550000 personas, mientras que la delegación del gobierno habla de 76875. No quiero valorar qué organismo tiene razón. Es ya de por sí inadmisible que en pleno siglo XXI alguien se pueda equivocar tanto en una simple suma, y las dos posibles explicaciones me dan escalofríos.
Sería preocupante que nuestros responsables políticos no supiesen de matemáticas o que no dispusiesen de servicios de información fiables. Si no son capaces ni de contar manifestantes, ¿qué confianza nos pueden ofrecer a la hora de hacer las mucho más delicadas previsiones económicas? Y eso sin contabilizar el despilfarro que conllevaría pagar por un servicio de estadística tan malo.
El escenario alternativo me resulta aún menos halagüeño. En caso de haber alguna intención en el suministro de datos manipulados, estaríamos hablando de una voluntad manifiesta de falsear la información, de formular mentiras que acabarán por eliminar la confianza del ciudadano en el sistema. Porque el que miente en algo tan nimio, ¿qué no hará cuando se trate de cuestiones mucho más relevantes?
Nos hallamos ante otro claro ejemplo de la ausencia de mecanismos de control. ¿Acaso nadie supervisa la exactitud de las cifras aportadas por los gobiernos nacional y regionales? ¿Quién y cómo debería actuar ante semejante tomadura de pelo? Cuando un ciudadano se equivoca al rellenar la casilla de la declaración de la renta, acaba pagando en caso de ser detectado, haya o no haya habido voluntad de engaño. Aquí hemos pillado a uno como poco, pero parece que las normas morales y leyes que todos debemos acatar no valen para los servicios oficiales.
Es fácil, muy fácil resolver un problema así. Tanto que hay algo que apesta aún más: que nadie haya puesto los medios para hacerlo.
Un saludo a todos y muy buenas noches,
el pobrecito hablador
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