Las tesis sobre cómo acabar con ETA se aglutinan alrededor de dos posturas:
- La solución policial, que pasa por meter a todos los miserables en la cárcel
- La solución política, que pasa por coquetear con la legitimidad de la ideología secesionista de la banda
En España llevamos tres décadas oscilando entre una y otra postura. La primera siempre ha colocado contra las cuerdas a los malnacidos, mientras que la segunda les ha insuflado un valiosísimo oxígeno en sus momentos más críticos. La ratificación de la legalidad de Alternativa Internacionalista parece cerrar un ciclo e iniciar otra vuelta de la rueda: más dinero para ETA, más apoyo y legitimación y, ojalá me equivoque, más atentados y muertos.
Lo curioso es que lo que en España parece ser tabú para un amplio sector de la mal llamada progresía, en otras naciones con democracias consolidadas ni se plantea. A saber, que "no toda idea es válida en democracia". En la moderna Alemania, la ideología y simbología nazis están perseguidas por ley. Y la razón es obvia. El nazismo plantea riesgos reales para un modelo de convivencia aceptado y ha sido borrado de un plumazo. Por el contrario, España, con una constitución sufragada universalmente, sigue debatiendo su modelo de convivencia, y de ahí el problema.
Necesitamos una segunda transición a la normalidad, lograr una madurez democrática que separe meridianamente la defensa de los derechos de los ciudadanos del esperpento legal en el que incurren una y otra vez nuestras instituciones. ¿Qué sentido tiene solicitar en el parlamento europeo la ilegalización de Batasuna si nuestras instituciones permiten que los de siempre se presenten a las elecciones europeas?
El señor Morano se queja amargamente de la judicialización de la política, pero no ve que el problema es el opuesto: la contaminación e injerencia políticas en la vida civil, con sus continuos vaivenes ideológicos y cambios de compás. Hoy es legal, mañana no, al otro tal vez sí. Pongo a mis amigos en el constitucional y no vale el estatut de Cataluña. Los quito y vuelve a ser aceptable. De no ser tan preocupante, resultaría patético: la legitimación democrática del dedazo político.
El comienzo de la solución se torna obvio para muchos, pero no apetecible para los partidos políticos: salvaguardar la cada vez más comprometida separación de los poderes y acometer la temida reforma de la ley electoral. Denle el peso real a cada postura, con aquello de "un ciudadano, un voto", y verán como la democracia real coloca las cosas en su sitio. Que no guste a unos pocos no implica que no sea lo mejor para la inmensa mayoría de ciudadanos españoles. Las minorías deben aceptar que nunca llueve a gusto de todos.
- La solución policial, que pasa por meter a todos los miserables en la cárcel
- La solución política, que pasa por coquetear con la legitimidad de la ideología secesionista de la banda
En España llevamos tres décadas oscilando entre una y otra postura. La primera siempre ha colocado contra las cuerdas a los malnacidos, mientras que la segunda les ha insuflado un valiosísimo oxígeno en sus momentos más críticos. La ratificación de la legalidad de Alternativa Internacionalista parece cerrar un ciclo e iniciar otra vuelta de la rueda: más dinero para ETA, más apoyo y legitimación y, ojalá me equivoque, más atentados y muertos.
Lo curioso es que lo que en España parece ser tabú para un amplio sector de la mal llamada progresía, en otras naciones con democracias consolidadas ni se plantea. A saber, que "no toda idea es válida en democracia". En la moderna Alemania, la ideología y simbología nazis están perseguidas por ley. Y la razón es obvia. El nazismo plantea riesgos reales para un modelo de convivencia aceptado y ha sido borrado de un plumazo. Por el contrario, España, con una constitución sufragada universalmente, sigue debatiendo su modelo de convivencia, y de ahí el problema.
Necesitamos una segunda transición a la normalidad, lograr una madurez democrática que separe meridianamente la defensa de los derechos de los ciudadanos del esperpento legal en el que incurren una y otra vez nuestras instituciones. ¿Qué sentido tiene solicitar en el parlamento europeo la ilegalización de Batasuna si nuestras instituciones permiten que los de siempre se presenten a las elecciones europeas?
El señor Morano se queja amargamente de la judicialización de la política, pero no ve que el problema es el opuesto: la contaminación e injerencia políticas en la vida civil, con sus continuos vaivenes ideológicos y cambios de compás. Hoy es legal, mañana no, al otro tal vez sí. Pongo a mis amigos en el constitucional y no vale el estatut de Cataluña. Los quito y vuelve a ser aceptable. De no ser tan preocupante, resultaría patético: la legitimación democrática del dedazo político.
El comienzo de la solución se torna obvio para muchos, pero no apetecible para los partidos políticos: salvaguardar la cada vez más comprometida separación de los poderes y acometer la temida reforma de la ley electoral. Denle el peso real a cada postura, con aquello de "un ciudadano, un voto", y verán como la democracia real coloca las cosas en su sitio. Que no guste a unos pocos no implica que no sea lo mejor para la inmensa mayoría de ciudadanos españoles. Las minorías deben aceptar que nunca llueve a gusto de todos.
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