Hoy se va a cometer una de las mayores tropelías contra la democracia española: la publicación de los datos fiscales por regiones. Y digo tropelía porque después de esto vendrán los datos por pueblos, por barriadas, por urbanizaciones, y llegaremos a la conclusión de que el rico merece más que el pobre y, tal vez, que este último lo sea por méritos propios.
Hasta ahora, vivíamos en una nación en la que cada ciudadano pagaba en función de lo que ingresaba. Con escandalosas excepciones, eso sí, porque regiones como Navarra y el País Vasco ya gozan de prebendas históricas, difíciles de entender en un estado moderno. Pero en vez de reparar los errores del pasado, un gobierno que debiera buscar la igualdad entre los ciudadanos, va a hacerle el juego a los ricos.
No es ya que el concepto de balanza fiscal pueda considerarse una barbaridad intelectual. ¿Balanza entre quién? ¿Entre España y Cataluña, de tú a tú? ¿Entre Castelldfells y Segur de Calafell? ¿Entre el barrio de Salamanca y Vallecas?
En el debate no se tiene en cuenta algo obvio: que el éxito de algunas regiones no es fruto exclusivo de los oriundos de allá. ¿Acaso hay un gen de la catalanidad que también rige la productividad laboral? ¿Acaso no hay flujos migratorios? Cataluña, Madrid o el País Vasco, como otras regiones industrializadas, son lo que son gracias a la importante afluencia de españoles de otras regiones más desfavorecidas como Andalucía, Extremadura o Galicia, y prosperan porque los productos que allá se fabrican se distribuyen y venden por todo el mercado español.
Si no procuramos invertir la tendencia y dar opciones a las comunidades más pobres, seguiremos manteniendo las desigualdades y tensiones internas. A mi modo de ver, el gobierno no ha acertado al acceder a la petición de los nacionalistas y regionalistas, ya que legitima la idea subyacente de la bipolaridad fiscal entre regiones y estado.